Vía: 20minutos.es
El Defensor del Pueblo Europeo, P. Nikiforos Diamandouros, ha solicitado este miércoles a la Comisión Europea que haga públicos los documentos que le ha enviado España sobre la construcción de un puerto industrial en Granadilla, en el sur de la isla de Tenerife. El Ejecutivo comunitario ha retenido hasta ahora esta información porque el Gobierno español le había pedido que no la difundiera.
El Defensor del Pueblo Europeo, P. Nikiforos Diamandouros, ha solicitado este miércoles a la Comisión Europea que haga públicos los documentos que le ha enviado España sobre la construcción de un puerto industrial en Granadilla, en el sur de la isla de Tenerife. El Ejecutivo comunitario ha retenido hasta ahora esta información porque el Gobierno español le había pedido que no la difundiera.
Sin embargo, el Defensor del Pueblo ha dictaminado que si los Estados miembros exigían a la Comisión que no se difundiesen los documentos que le remitían, debían proporcionar argumentos convincentes basados en la normativa europea sobre transparencia. También ha resaltado que España todavía no ha proporcionado dichos argumentos.
En 2006, la Comisión Europea aprobó el proyecto de las autoridades españolas de construir un puerto industrial en Granadilla, Tenerife. En julio de 2006, la Oficina Europea de Medio Ambiente (OEMA), una confederación de organizaciones de ciudadanos por el medio ambiente, solicitó a la Comisión acceso a varios documentos relacionados con la decisión de la Comisión de aprobar el proyecto del puerto.
El Ejecutivo comunitario denegó el acceso a algunos de los documentos solicitados, porque las autoridades españolas, de donde los documentos son originarios, no se mostraban conformes con su publicación, dado que ésta afectaría el desarrollo de procedimientos judiciales en curso. También fue denegado el acceso a varios documentos internos de la Comisión, alegando el serio perjuicio que dicha revelación podría ocasionar al proceso de toma de decisiones por parte de dicha institución.
Tras inspeccionar los documentos en cuestión, el Defensor concluyó que la Comisión debía publicarlos, a no ser que las autoridades españolas arguyesen motivos válidos contra su publicación. Además, el Defensor consideró que no era justificada la posición de la Comisión, que defendía que la revelación de todos los documentos menos uno perjudicaría los procesos decisorios de aquélla.
Siguiendo la recomendación del Defensor del Pueblo Europeo, la Comisión publicó los documentos internos a la OEMA. También pidió disculpas por el retraso acumulado en el caso. Sin embargo, continuó negándose a revelar el contenido de los documentos procedentes de las autoridades españolas debido a las objeciones de éstas a la revelación.
El Defensor del Pueblo Europeo, a la vez que ha elogiado la actuación de la Comisión al publicar sus documentos internos, la ha criticado por no haber verificado convenientemente si el razonamiento de las autoridades españolas era convincente.
