Vía: www.quercus.es
El pasado 4 de febrero, el Consejo de Ministros tomó una de las decisiones a priori más importantes para la biodiversidad española: la aprobación del nuevo catálogo de especies amenazadas, tal y como prevé la Ley del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. En realidad, el catálogo es el plato fuerte del llamado “Listado de especies silvestres en régimen de protección especial”, en el que se incluyen unos novecientas taxones de fauna y flora cuyas poblaciones no pueden ser recolectadas, cazadas, dañadas o molestadas, como tampoco destruir o deteriorar sus hábitats vitales.
Los más amenazados de los integrantes del listado han merecido estar en el nuevo catálogo propiamente dicho, distribuidos en dos categorías, “En peligro de extinción” y “Vulnerable”. En teoría, estas especies elegidas podrán beneficiarse de planes específicos de recuperación y conservación, tal y como ocurría ya en el anterior catálogo. Esperemos que la aprobación de estos futuros planes no se retrase tanto como ocurrió años atrás, con tantos casos en los que cuando se empezaban a aplicar medidas efectivas era ya demasiado tarde.
El nuevo catálogo otorga protección legal a especies que habían estado demasiado desatendidas hasta el momento, como las marinas. Recordemos que el anterior contenía tan sólo unas treinta de ellas, frente a las muchas más presentes en los convenios internacionales firmados por España. Nos felicitamos, por ejemplo, de que se haya incorporado una planta tan vital para nuestra ecología marina como la posidonia. Qué diferente el rasero adoptado con otra fanerógama, la seba, que al igual que la posidonia forma praderas submarinas (sebadales) que son auténticos santuarios de biodiversidad.
A pesar de las miles de alegaciones ciudadanas que lo reclamaban, la seba no ha entrado en el catálogo. Esta exclusión podría hipotecar el futuro de los sebadales más importantes de Canarias, en alerta roja ante el previsto puerto de Granadilla, en el sur de la isla de Tenerife, tal y como llevan meses advirtiendo ONG y científicos de prestigio. Está claro que, en el caso de la seba, han prevalecido los criterios políticos y se han despreciado los científicos.
Cierto es que uno de los principales atractivos del catálogo es su carácter de inventario abierto. Es decir, permitirá cambios de categoría de las especies e incluso que sean incluidas o extraídas del catálogo en función de su estado de conservación. Un comité científico independiente se encargará de validar estos cambios. Tal posibilidad es esencial para traducir en medidas de protección concretas la información de base que se vaya generando sobre nuestra biodiversidad. Sin embargo, en el caso de que dicho comité científico se decida en el futuro a proteger a los sebadales, será demasiado tarde, nos recuerda Ben Magec, una de las ONG canarias más implicadas en la campaña a favor de estos hábitats. De hecho, en la propia Lista Roja de la flora vascular española, elaborada por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM) en 2008, ya aparecía la seba con la categoría de “Vulnerable”.
Casos como el de la seba son una llamada de atención a la capacidad de este ambicioso instrumento legal para responder con la agilidad suficiente a la pérdida de nuestra biodiversidad. Y lo que es más grave, levantan dudas sobre su independencia de criterio con respecto a intereses ajenos o contrapuestos a la conservación.
Los más amenazados de los integrantes del listado han merecido estar en el nuevo catálogo propiamente dicho, distribuidos en dos categorías, “En peligro de extinción” y “Vulnerable”. En teoría, estas especies elegidas podrán beneficiarse de planes específicos de recuperación y conservación, tal y como ocurría ya en el anterior catálogo. Esperemos que la aprobación de estos futuros planes no se retrase tanto como ocurrió años atrás, con tantos casos en los que cuando se empezaban a aplicar medidas efectivas era ya demasiado tarde.
El nuevo catálogo otorga protección legal a especies que habían estado demasiado desatendidas hasta el momento, como las marinas. Recordemos que el anterior contenía tan sólo unas treinta de ellas, frente a las muchas más presentes en los convenios internacionales firmados por España. Nos felicitamos, por ejemplo, de que se haya incorporado una planta tan vital para nuestra ecología marina como la posidonia. Qué diferente el rasero adoptado con otra fanerógama, la seba, que al igual que la posidonia forma praderas submarinas (sebadales) que son auténticos santuarios de biodiversidad.
A pesar de las miles de alegaciones ciudadanas que lo reclamaban, la seba no ha entrado en el catálogo. Esta exclusión podría hipotecar el futuro de los sebadales más importantes de Canarias, en alerta roja ante el previsto puerto de Granadilla, en el sur de la isla de Tenerife, tal y como llevan meses advirtiendo ONG y científicos de prestigio. Está claro que, en el caso de la seba, han prevalecido los criterios políticos y se han despreciado los científicos.
Cierto es que uno de los principales atractivos del catálogo es su carácter de inventario abierto. Es decir, permitirá cambios de categoría de las especies e incluso que sean incluidas o extraídas del catálogo en función de su estado de conservación. Un comité científico independiente se encargará de validar estos cambios. Tal posibilidad es esencial para traducir en medidas de protección concretas la información de base que se vaya generando sobre nuestra biodiversidad. Sin embargo, en el caso de que dicho comité científico se decida en el futuro a proteger a los sebadales, será demasiado tarde, nos recuerda Ben Magec, una de las ONG canarias más implicadas en la campaña a favor de estos hábitats. De hecho, en la propia Lista Roja de la flora vascular española, elaborada por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM) en 2008, ya aparecía la seba con la categoría de “Vulnerable”.
Casos como el de la seba son una llamada de atención a la capacidad de este ambicioso instrumento legal para responder con la agilidad suficiente a la pérdida de nuestra biodiversidad. Y lo que es más grave, levantan dudas sobre su independencia de criterio con respecto a intereses ajenos o contrapuestos a la conservación.
