Vía: www.elpais.com
Sofía Menéndez.
La nueva situación internacional, con la crisis de Túnez y Egipto, receptores de turismo europeo, ha vuelto a colgar el cartel de lleno en los hoteles canarios y a dar por sentado que han vuelto los tiempos de bonanza. Sin embargo, algunos sectores económicos y políticos propugnan por liberalizar el planeamiento urbanístico, para agilizar la construcción y reducir así el paro. El debate sobre la conveniencia o no de llevarlo a cabo está servido.
Ante la cruzada de los que quieren un "urbanismo a la carta", lo que supone construir a sus anchas y seguir consumiendo paisaje, dos pesos pesados del urbanismo isleño, Faustino García Márquez y Suso Álvarez, han surgido como voces críticas al afirmar que lo más vulnerable de Canarias es precisamente su mayor atractivo y el verdadero recurso económico es el territorio y sus paisajes, y no el turismo.
García Márquez, exdirector de la Agencia Canaria de Desarrollo Sostenible y Cambio Climático del actual Gobierno autonómico, dimitió de su cargo por serias discrepancias con la nueva Ley de Medidas Urgentes promovida por el consejero de Medioambiente, Domingo Berriel. En el III Congreso de Derecho Urbanístico que se celebró en Fuerteventura (Corralejo, La Oliva), quedaron patentes dos posturas enfrentadas. Los dos arquitectos urbanistas, García Márquez y Álvarez, proponen coordinación entre administraciones y algunas medidas de simplificación tanto del contenido de los planes como en su tramitación, pero se oponen a la "barra libre" para todo que algunos pretenden.
La expresión "simplificar las normas" se escuchó constantemente durante el Congreso, pero con intenciones muy diferentes. El Gobierno canario aprobó una Ley de Medidas Urgentes, con la que se pretende legalizar más de 20 hoteles en el sur de Lanzarote, a pesar de las sentencias firmes que amenazan con su demolición. Al mismo tiempo aprobó un nuevo Catálogo Autonómico de Especies, que ha supuesto la desprotección de algunas, como es el caso de los sebadales en el puerto de Granadilla en Tenerife.
También se ha dado luz verde a polémicos convenios urbanísticos en áreas vírgenes de Fuerteventura. Por ejemplo, el Plan Parcial de Majanicho, que ha sido anulado recientemente por el Tribunal Supremo después de más de 10 años de pleito entre los ecologistas del grupo local Agonane / Ecologistas en Acción y el Ayuntamiento de La Oliva. Majanicho es un espacio natural, donde se han levantado 700 villas. La alcaldesa, Rosa Fernández, del PSOE, que ha heredado de anteriores legislaturas planes parciales ahora suspendidos o anulados por los tribunales, considera que después de cuatro años de intentar solucionar los problemas urbanísticos, la situación ha empeorado. Fernández pide "que el urbanismo no sea sinónimo de judicialización y añade que la situación es tal que los propios técnicos tienen miedo de hacer informes".
Canarias es la segunda comunidad autónoma con más casos de corrupción urbanística, según declara Javier Varona Gómez-Acedo, magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. En su opinión, "en Canarias ha habido oportunidades de generar plusvalías urbanísticas, favorecidas por el modelo económico y por un sistema nefasto de ordenación territorial. Esta situación se ha plasmado en multitud de casos de delitos urbanísticos".
De las declaraciones del fiscal superior de Canarias, Vicente Garrido, se desprende que son las propias administraciones las protagonistas de estas ilegalidades: "Los ayuntamientos no han remitido a la fiscalía ninguna denuncia de prevaricación urbanística. El 80% de las diligencias de investigación son urbanísticas. De estas, el 95% son denuncias de particulares. El 5% restante tiene su origen en el Gobierno de Canarias o en el Seprona (Guardia Civil)".
Por su parte, el magistrado del Tribunal Supremo Fernández Valverde afirma que hay que ir hacia un urbanismo sostenible. "Ruido, paisaje, calidad del aire, cambio climático, Ley de la Biodiversidad, evaluación de impacto y el acceso a la información y participación pública son claves", añade. Sobre los convenios urbanísticos, considera que la experiencia ha sido lamentable y apoya las tesis del fiscal delegado de Medio Ambiente de la provincia de Las Palmas, Javier Ródenas, que cree que algunos de estos acuerdos han sido un cauce de prevaricación urbanística y cohecho.
