Vía: www.publico.es
Greenpeace denuncia en un informe que una nueva «burbuja portuaria» está castigando las costas españolas.
A pesar de que la crisis financiera ha frenado el desarrollo de planes urbanísticos, hoteles que se alzaban a pie de playa y residenciales en pleno litoral, la costa española no se ha librado de la voracidad de las excavadoras y la plaga de las hormigoneras. Ahora, según el informe Destrucción a toda costa 2011 presentado ayer por Greenpeace, son los puertos los que han tomado el relevo como protagonistas de la agresión a las orillas españolas, de las cuales cubren en la actualidad 200 kilómetros. "Hemos cambiado el ladrillazo por el hormigonazo", resumió la directora de la organización ecologista, Miren Gutiérrez.
Un desarrollo que está castigando los ecosistemas, el patrimonio ecológico y los recursos naturales de los que podrían beneficiarse las poblaciones locales, por lo que Greenpeace demanda una "moratoria" de todos los desarrollos portuarios.
En total, la superficie de las instalaciones de los puertos estatales españoles cubre, con sus dársenas, espigones, carreteras internas y depósitos, 225.000 hectáreas, algo más del territorio ocupado por la provincia de Vizcaya. Sin embargo, el espíritu "depredador" de los puertos españoles que denuncia Greenpeace no acaba ahí. En la actualidad, de las 28 autoridades que se reparten la gestión de los puertos con interés general en España, sólo dos (Motril y Gran Canaria) no están en ampliación. Al resto se le puede considerar en período de expansión, ya sea por encontrarse en obras en la actualidad, por tener un proyecto de ampliación encima de la mesa o porque acaban de culminar recientemente un aumento de sus instalaciones.
Y el futuro no echará el freno a esta expansión: de aquí a 2020 se gastarán 23.700 millones de euros en el desarrollo de instalaciones portuarias (22.480 millones) y de sus accesos terrestres (1.220 millones). Un dinero que pondrá el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT), aprobado por el Ministerio de Fomento con la intención de relanzar la red de infraestructuras del Estado y que hará crecer un 75% la superficie portuaria.
El problema es que, si se completan todas las ampliaciones proyectadas para esa fecha (2020) y con el crecimiento económico previsto, casi dos tercios de las instalaciones portuarias se quedarán sin uso, según un estudio de la Universidad de Valencia que cita Greenpeace. "La ocupación no pasará del 38% porque no habrá tanto tráfico como necesitarían unos puertos que ahora no están saturados", aseguró la responsable de Costas de la organización, Pilar Marcos. "Se van a construir puertos fantasma que van a dar servicio al Holandés errante [un buque ficticio de leyenda], porque no va a haber más barcos", bromeó la directora de Greenpeace, quien lamentó que se esté financiando el crecimiento voraz de los puertos "sin ton ni son".
Según Pilar Marcos, no hay un puerto en España cuyos gestores no hayan declarado su intención de ser el más grande de Europa. De este modo, los distintos muelles españoles compiten entre sí por rutas y barcos, como empresas en busca de clientes. Y se desarrollan, en consecuencia, "sin tener en cuenta el impacto y las necesidades reales", criticó Gutiérrez.
El colmo de esta situación, según denuncia Greenpeace, es que se estén desarrollando a la vez puertos que están ubicados a menos de 30 kilómetros de distancia (ver gráfico) y que podrían complementarse en lugar de correr el uno contra el otro. Esta situación de competencia entre las distintas infraestructuras está recogida en la reciente Ley de Puertos, que incluso obliga a competir como empresas por las rutas, según reconoce Puertos del Estado, organismo dependiente de Fomento encargado de la coordinación y el control de la eficiencia de las instalaciones estatales.
Eso sí, el presidente de Puertos, Fernando González Laxe, es el primero en demandar que las infraestructuras portuarias que están instaladas en una misma zona comercial deben integrarse. "Los puertos pequeños que compartan área de influencia con otros mayores tendrán que diagnosticar la integración portuaria y concentrarse", aseguró en una entrevista reciente en Expansión. Además, el organismo que preside González Laxe desmiente que las previsiones de ocupación portuaria deban ser tan oscuras como las pinta Greenpeace y alegan que en la actualidad la ocupación crece a un 6% anual.
Sin embargo, la inflación portuaria continúa ganando volumen, como demuestra el caso paradigmático del puerto de Granadilla (en la isla de Tenerife), en el que confluyen los problemas de agresión al medio ambiente con los de gestión poco sostenible de las infraestructuras. Allí acaban de iniciarse las obras para construir esta nueva instalación, sólo 60 kilómetros al sur del principal puerto de la isla, en Santa Cruz de Tenerife.
El Gobierno de Canarias se decidió a construir esta infraestructura de 1.500.000 m2 de hormigón tras aventurar en la década de los noventa que el puerto de la capital quedaría obsoleto a medios de la pasada década. El puerto de Santa Cruz no sólo no se ha saturado, sino que acaba de terminar unas obras de ampliación a pesar de estar lejos del 100% de su capacidad.
El proyecto cuenta con una importante oposición de la sociedad de la isla debido a que su construcción acaba con 17 playas de la zona y con buena parte de los hábitats costeros. Tanto es así, que la Comisión Europea reconoció el importante daño ambiental que esta construcción supondría. "Es el puerto con el mayor impacto negativo en los ecosistemas de toda España", aseguró Marcos. Para poder tirar adelante con el proyecto, todavía pendiente de decisiones jurídicas y administrativas, el Gobierno de Canarias eliminó la protección legal que preservaba a numerosas especies que habitan la zona; algunas de ellas en peligro de extinción, como la tortuga boba. "Esperamos que no nos pase como en el caso Marín (Pontevedra), que cuando llegó la sentencia del Tribunal Supremo en su contra ya no se podía hacer nada", expresó la responsable de Costas.
Greenpeace critica que la Unión Europea financie proyectos como este (pondrá 138 millones de euros para Granadilla) y pide que se frenen todos los proyectos que están en marcha en la actualidad, aunque se encuentren en obras.
"Una costa sana puede dar hasta 41 euros por hectárea al año si se la explota de modo sostenible. Es eso lo que tenemos que primar", aseguró Marcos, quien reclamó que se ponga fin a esta "locura portuaria" frenando su financiación y a través de una política fiscal verde que castigue las actividades más dañinas con el medio ambiente costero.
