Vía: Ben Magec
Las organizaciones defensoras del medio ambiente en
Canarias, ATAN, Ben Magec-Ecolgistas en Acción, EcoOcéanos y Greenpeace, han
presentado ante la Fiscalía de Medio Ambiente, una denuncia conjunta en la que
exponen hasta ocho hechos delictivos relacionados con acciones acometidas a fin
de sortear obstáculos legales y ambientales para realizar el puerto de
Granadilla. Tras la exposición de todos estos motivos, solicitan la adopción de
medidas cautelares dados los efectos irreversibles que esta obra ilegal podrían
causar al medio ambiente.
Estas organizaciones denuncian a Pedro Rodríguez
Zaragoza, actual presidente de la Autoridad Portuaria, y a Luis Suárez Trenor,
ex-presidente de la misma institución, por un presunto delito contra el medio
ambiente y por prevaricación. Ambos cargos públicos, conocieron múltiples
informes técnicos que desaconsejaban el proyecto, tanto por los valores
ambientales de la zona, como por los requerimientos de la legislación
protectora de aquéllos. Sin embargo, optaron por ignorarlos y ocultarlos en
trámites esenciales, que de haberse conocido no habrían conseguido comprometer
fondos europeos y estatales para un proyecto tan desaconsejable.
Entre otros documentos, se relata un documento interno
de la Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente, del año 2000, en la
que se relacionan hasta 71 especies protegidas y ecosistemas que albergan
especies protegidas, y que concluye que el proyecto es altamente impactante,
con unos efectos muy negativos sobre la biodiversidad de la zona y de la isla
en general. La vulneración de estas especies supone una flagrante vulneración
del Convenio de Berna, y de Directivas comunitarias.
Por otra parte, actuaciones directas ya acometidas han
supuesto un daño irrecuperable a algunas especies amenazadas, como ocurre con
la destrucción del hábitat de la Pimelia canariensis, una especie en peligro de
extinción, cuyo emplazamiento natural coincide con la explanada en la que la
Autoridad Portuaria ha autorizado operaciones de vertidos, extracciones y
aterramientos derivados de la construcción del puerto.
En otro orden de cosas, se cita también el claro
incumplimiento del Dictamen emitido por la Comisión Europea de Medio Ambiente,
que estableció como condición para la ejecución de la obra, la construcción de
un sistema de trasvase de la arena (by-pass) norte-sur, considerada como “parte
esencial del proyecto”, y que aún no ha sido ni tan siquiera licitado, por lo
que de construirse el dique en talud del puerto (futura obra a ejecutar), se
consolidarían las consecuencias ambientales que se propone sean evitadas con
esta estructura artificial impuesta por Bruselas.
A este cúmulo de incumplimientos de la legislación
ambiental, hay que añadir que la obra ya iniciada no cuenta con la aprobación
preceptiva por parte del Ministerio de Fomento, y que como queda demostrado en
el informe pericial presentado por ATAN al TSJC, debido a la fuerza de los
vientos en esa franja de la isla, el puerto será inoperativo durante la mayor
parte del año. Es más, se están comprometiendo fondos públicos y al medio
ambiente, en una infraestructura no sólo inútil, sino cuya culminación además
no cuenta, de ninguna manera, con garantía presupuestaria para acometer la fase
más onerosa (el muelle de ribera) que aún no tiene ningún tipo de dotación
económica. Y todo ello, previsiblemente para favorecer intereses privados, tal
y como los titulares de la Autoridad Portuaria denunciados, han garantizado
mediante la autorización del nuevo Plan de Utilización de Espacios Portuarios.
