Las organizaciones defensoras del medio
ambiente en Canarias, ATAN, Ben Magec-Ecolgistas en Acción, EcoOcéanos y
Greenpeace, han presentado ante la Fiscalía de Medio Ambiente, una denuncia
conjunta en la que exponen hasta "ocho hechos delictivos relacionados con
acciones acometidas a fin de sortear obstáculos legales y ambientales para
realizar el puerto de Granadilla".
Tras la exposición de todos estos motivos,
solicitan la adopción de medidas cautelares contra el presidente de la
Autoridad Portuaria de Tenerife, Pedro Rodríguez Zaragoza, "dados los
efectos irreversibles que esta obra ilegal podrían causar al medio ambiente".
Estas organizaciones denuncian a Rodríguez Zaragoza, y a Luis Suárez Trenor, ex-presidente de la misma institución, "por un presunto delito contra el medio ambiente y por prevaricación". Aseguran que ambos cargos públicos "conocieron múltiples informes técnicos que desaconsejaban el proyecto, tanto por los valores ambientales de la zona, como por los requerimientos de la legislación protectora de aquéllos". Sin embargo, agregan, "optaron por ignorarlos y ocultarlos en trámites esenciales, que de haberse conocido no habrían conseguido comprometer fondos europeos y estatales para un proyecto tan desaconsejable".
Entre otros documentos, se relata un documento interno de la Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente, del año 2000, en la que "se relacionan hasta 71 especies protegidas y ecosistemas que albergan especies protegidas, y que concluye que el proyecto es altamente impactante, con unos efectos muy negativos sobre la biodiversidad de la zona y de la isla en general. La vulneración de estas especies supone una flagrante vulneración del Convenio de Berna, y de Directivas comunitarias".
Estas organizaciones denuncian a Rodríguez Zaragoza, y a Luis Suárez Trenor, ex-presidente de la misma institución, "por un presunto delito contra el medio ambiente y por prevaricación". Aseguran que ambos cargos públicos "conocieron múltiples informes técnicos que desaconsejaban el proyecto, tanto por los valores ambientales de la zona, como por los requerimientos de la legislación protectora de aquéllos". Sin embargo, agregan, "optaron por ignorarlos y ocultarlos en trámites esenciales, que de haberse conocido no habrían conseguido comprometer fondos europeos y estatales para un proyecto tan desaconsejable".
Entre otros documentos, se relata un documento interno de la Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente, del año 2000, en la que "se relacionan hasta 71 especies protegidas y ecosistemas que albergan especies protegidas, y que concluye que el proyecto es altamente impactante, con unos efectos muy negativos sobre la biodiversidad de la zona y de la isla en general. La vulneración de estas especies supone una flagrante vulneración del Convenio de Berna, y de Directivas comunitarias".
