María José Esteso Poves, Redacción
Jueves 14 de junio de 2012. Número
176.
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El puerto de
Granadilla, al sur de la isla de Tenerife, ya se está construyendo. La obra va
a suponer un desembolso de más de 400 millones de euros, aunque su financiación
no está asegurada, afectará
a 17 playas, sepultará cinco y dejará otras seis playas seriamente dañadas.
Ese es el caso de las playas de El Médano, La Jaquita, Pelada y La Tejita.
Además, tendrá un grave impacto ambiental sobre especies marinas únicas.
La
resistencia contra la construcción del puerto de Granadilla es una de las más
importantes de Canarias. Se remonta a diez años atrás, cuando movimientos
vecinales, ecologistas y científicos se unieron para
luchar contra un macroproyecto en
esta zona protegida.
Las mentiras sobre el puerto
Cuando
el Gobierno canario, presidido por Coalición Canaria (CC), anunció el 6 de mayo
de 2002 la declaración de interés público del proyecto denominado Nuevo Puerto
de Granadilla de Abona, pretendía con esta clasificación impedir
que los tribunales frenasen un proyecto urbanístico que atenta contra el
medioambiente. Las razones del puerto según CC fueron, por una
lado, la necesidad de dotar a la isla de otro puerto debido “al agotamiento de
la capacidad de las instalaciones del puerto de Santa Cruz (quinto en capacidad
del Estado español)”, por otro, que no existía “otra localización viable en
toda la isla” para la construcción de otro puerto industrial.
Según
el informe presentado hace diez años, el colapso del puerto marítimo de Santa
Cruz de Tenerife se produciría en 2008. Pero eso no ha ocurrido. Sobre la
ubicación, la Plataforma contra el Puerto de
Granadilla, integrada por movimientos sociales, ecologistas y
diversos científicos y profesores de la Universidad de Canarias, explica en los
informes técnicos que, debido a la situación, Granadilla estará cerrado al tráfico
marítimo gran parte del tiempo debido a los vientos que azotan esta zona.
Lo mismo ocurre con un puerto similar construido en Gran Canaria, el puerto de
Arinaga, que está paralizado desde que se acabaron las obras.
Por
otra parte, “la obstaculización de las corrientes marinas y eólicas que
produciría el dique exterior del puerto interrumpirá la dinámica normal del
litoral, cambiará las corrientes marinas y el
aporte de arena a las playas y dunas de la zona”, entre otros
impactos, explica Javier Jiménez, de la asociación Ben
Magec-Ecologistas en Acción. Asimismo, el puerto afectará a dos
formaciones, como la Montaña Pelada y Montaña Roja, en perfecto estado de
conservación, y a especies catalogadas en peligro de extinción como la piña de
mar y la tortuga boba, que van a desaparecer con las obras. También se
extinguirá el sebadal, una pradera marina necesaria para mantener la
biodiversidad y que hasta hace dos años se encontraba protegida, en peligro en
las islas.
La desprotección de especies
Fue
el sebadal, las sucesivas denuncias ante los tribunales y la movilización
popular lo que consiguió frenar las obras del
puerto de Granadilla. En 2009 el Gobierno insular intentó
descatalogar los sebadales para iniciar la construcción del puerto pero el
Tribunal Superior de Justicia de Canarias frenó las obras. Un año después,
Coalición Canaria volvió a descatalogar los sebadales, esta vez modificando el
libro de especies protegidas de Canarias.
En
2010, CC, en el Gobierno junto con el PP, elaboró un nuevo
catálogo de especies amenazadas en el que 226 de ellas se desprotegieron,
se rebajó la protección de 131 y 94 pasaron a tener una clasificación ambigua.
Ese fue el caso del sebadal, que de estar en “peligro de extinción” pasó a ser “de
interés para los ecosistemas canarios”. De nada sirvieron las
multitudinarias movilizaciones ciudadanas, ni las 60.000 firmas recogidas en contra
del nuevo catálogo de especies de Canarias.
Pero la lucha continúa. El 12 de mayo se presentaron 5.000
firmas en el Ministerio de Medio Ambiente en contra del nuevo catálogo canario.
Además, EcoOcéanos, Greenpeace, Ecologistas en Acción, Ben Magec- Ecologistas
en Acción y Plataforma contra el puerto de Granadilla han puesto en marcha una
campaña de denuncia para exigir la paralización de lo que consideran uno
de “los mayores despilfarros económicos y una barbaridad ambiental”,
mientras se recortan derechos fundamentales de los ciudadanos.
Catedráticos
y científicos canarios denuncian también el elevado coste ambiental y económico del puerto de Granadilla, como Alberto
Brito, catedrático de biodiversidad marina o Wolfredo Wildpret, catedrático de
la Universidad de La Laguna, quien asegura que “no existe en todo el territorio
europeo tanta biodiversidad en tan poco espacio, aunque una
parte de esa biodiversidad está en manos del poder económico y se encuentra en
franco retroceso”. Según Federico Aguilera, catedrático de
economía aplicada: “No hay dinero para financiar el disparate del puerto de
Granadilla. No es rentable, ni social ni económicamente”.
Lo
mismo piensa el exdirector de la Autoridad Portuaria de Tenerife, Pedro
Anatael: “Ésta es una
obra ilegal porque no tiene asegurada la financiación y no es necesaria.
Se están construyendo ya los cajones para formar el dique exterior del puerto
de Granadilla. Cada uno tiene 45 metros de largo, por 20 de ancho y una
profundidad de 18 metros. Esto es como un edificio de 18 plantas, cada uno. Se
están construyendo a un ritmo de un cajón cada cinco días, serán 100 en total y
cada cajón cuesta un millón de euros. ¿De dónde van a sacar el dinero para la
ejecución de la obra? El endeudamiento va a ser tal que va impedir a la
Autoridad Portuaria realizar obras en 20 años”. Fran Castro, de BenMagec,
asegura que se corre un grave riesgo: “Se va a destrozar todo en una primera
fase, para la que hay dinero, 150millones de euros, pero para
el resto de la obra, 250 millones, no hay financiación. El
remate del disparate ambiental y social, con los recortes que se están
aplicando”.
