Vía: www.abc.es
El grupo ecologista Ben Magec se congratuló hoy de que el
Tribunal Supremo le haya dado la razón en la protección de los sebadales contra
las obras del puerto de Granadilla, pero reconoció que no paralizará la
construcción porque la justicia va más despacio que "los chanchullos
políticos".
La decisión cautelar de mantener la protección de los sebadales
contra la decisión del Gobierno de Canarias de desprotegerlos para acometer las
obras del puerto fue dictada en 2009 por el Tribunal Superior de Justicia de
Canarias (TSJC) y ha sido ratificada ahora en sentencia del Tribunal Supremo.
Pero en 2010, para sortear esa paralización judicial de las
obras y sin esperar a la decisión del Supremo, al Gobierno de Canarias se le
ocurrió "el chanchullo" de rebajar por ley la protección de la seba
en el catálogo de especies protegidas, con lo que pudieron empezar las obras,
dijo a Efe Noelia Sánchez, de Ben Magec-Ecologistas en Acción.
"La sentencia nos da la razón y servirá de argumento en
todos los procesos judiciales que siguen abiertos" contra la construcción
del puerto y contra la desprotección de los sebadales, pero en principio parece
que no conduce a la paralización de las obras, dijo Noelia Sánchez.
De hecho, antes del pronunciamiento del Supremo, la suspensión
cautelar de la desprotección de los sebadales ya estaba sin efecto desde que el
Parlamento de Canarias aprobó el nuevo catálogo de especies protegidas, contra
el que también hay entablados recursos judiciales por parte de Ben Magec.
"Algún día, algún tribunal nos dará la razón, pero puede
que el sebadal esté ya sepultado por el cemento", dijo la representante
ecologista, quien aseguró que pese a todo mantendrán la contestación judicial y
social contra esa infraestructura que, según Ben Magec, responde a intereses
"oscuros y particulares".
Aunque los ecologistas desconocen en qué estado se encuentra el
sebadal actualmente, consideran que aún podría estar en disposición de salvarse
si se paralizaran las obras, y van a luchar para ello, dijo Noelia Sánchez.
Para la representante ecologista, el puerto de Granadilla, con
un coste de 200 millones de euros, es la infraestructura que más contestación
social ha tenido en la historia de Canarias pero también en la que los
políticos han puesto "un empeño más especial", en defensa de los
intereses de las empresas constructoras.
Pese a la crisis y los recortes sociales, el Gobierno de
Canarias se empeña en una infraestructura que no ayudará a la economía real,
que destruye el medio ambiente y que es innecesaria, porque a 50 kilómetros
está el puerto de Santa Cruz, infrautilizado y cuyo tráfico sigue disminuyendo,
concluyó.
