La
reciente sentencia del Tribunal Supremo que mantiene dentro de las
especies protegidas a los sebadales, aquello que te revolcaba y
aruñaba e imposibilitaba el desarrollo del puerto industrial de
Granadilla, ha cogido con el pie cambiado a media Comunidad, pero
como las políticas de hechos consumados van más rápido que la
justicia española, no hay intención en las autoridades competentes
de paralizar las obras. ¡Faltaría más! Desde ese extraño ente de
titularidad pública nacional-autonómica llamado Observatorio
Ambiental de Granadilla, su director, Antonio Machado, ha mantenido a
este periódico que la sentencia del Supremo no obliga a paralizar
nada porque hace referencia a un catálogo que ya no está vigente, y
por tanto no afecta para nada a la legalidad de las obras. Vamos,
como los cohechos impropios prescritos, ¿no? Pero lo cierto, aunque
Granadilla siga a su bola, es que el Gobierno canario tiene la
intención de sacar adelante un nuevo catálogo de especies bajo la
impronta de su viceconsejera de Medioambiente, la socialista
Guacimara Medina. Y será entonces cuando ese catálogo en marcha,
esta sentencia sobre la mesa y aquellas obras a todo trapo entren, de
alguna manera, en colisión frontal. Aunque hayan prescritos todos
los supuestos dados.
