Vía: www.canarias7.es
Rosa Rodríguez
Las obras del puerto de Granadilla vuelven a los tribunales. La
Fiscalía ha admitido a trámite la denuncia que se presentó en 2011 contra el
entonces viceconsejero de Medio Ambiente, Cándido Padrón, por un presunto
delito contra los recursos naturales y el medio ambiente al autorizar el
traslado de un escarabajo en peligro de extinción que estorbaba.
El puerto de Granadilla está otra vez encallado en una especie
protegida, la Pimellia canariensis, un escarabajo en peligro de extinción que
se localizó en la zona de obras una vez que estas ya estaban iniciadas, pero
del que se tenía conocimiento desde 1997. El hallazgo copó titulares en verano
de 2010, poco después de que, al amparo del nuevo y polémico Catálogo Canario
de Especies Protegidas, se reiniciaran las obras al rebajar esta ley la
protección a los sebadales, que habían logrado paralizar cautelarmente el
puerto con una orden del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). Pese
a las protestas de colectivos ecologistas y científicos, los trabajos no se
frenaron por la aparición de los ejemplares de escarabajo, que se trasladaron a
Montaña Roja, al sur de donde fueron encontrados.
Ahora, la Pimellia tinerfeña costera, como se conoce comúnmente
al escarabajo, podría llevar al banquillo de los acusados a Cándido Padrón,
viceconsejero de Medio Ambiente del Gobierno canario en 2011, por autorizar el
traslado de todos los ejemplares de escarabajo a Montaña Roja, una reserva
natural donde también habita esta especie, cuando la Ley establece que la
traslocación de especies en peligro de extinción sólo se puede hacer con fines
científicos.
La admisión a trámite de la denuncia presentada en 2011 por Ben Magec, ATAN y Greenpeace podría también llevar a la imputación del director del Observatorio Ambiental de Granadilla, el biólogo Antonio Machado, y del presidente de la Autoridad Portuaria, Pedro Rodríguez Zaragoza, pero, sobre todo, pone de manifiesto, una vez más, que el Gobierno canario ha optado por hacer prevalecer el interés general del puerto de Granadilla por encima de la legalidad.
La admisión a trámite de la denuncia presentada en 2011 por Ben Magec, ATAN y Greenpeace podría también llevar a la imputación del director del Observatorio Ambiental de Granadilla, el biólogo Antonio Machado, y del presidente de la Autoridad Portuaria, Pedro Rodríguez Zaragoza, pero, sobre todo, pone de manifiesto, una vez más, que el Gobierno canario ha optado por hacer prevalecer el interés general del puerto de Granadilla por encima de la legalidad.
Además del sebadal (Cymodocea nodosa) y la Pimellia
canariensis, el puerto de Granadilla también se ha tropezado contra la tortuga
boba (Caretta, caretta) y la piña de mar (Atractylia preauxiana), que han
obligado a la Autoridad Portuaria a llevar a cabo acciones adicionales para su
protección en la zona.
El traslado ilegal del escarabajo
La fiscal especial contra los delitos medioambientales,
Inmaculada Violán, dice en su escrito que el viceconsejero de Medio Ambiente en
2011, Cándido Padrón, autorizó la colecta y la traslocación de los ejemplares
de escarabajo hallado en la zona de obras del puerto de Granadilla sin contar
con un informe que certificara la viabilidad jurídica del traslado de una
especie en peligro de extinción y que, únicamente, contó con informes
favorables desde el punto de vista técnico-biológico. La fiscal va incluso más
allá y dice que «se eludió el pronunciamiento de los servicios jurídicos» al
respecto.
Además, llama su atención un informe, que Medio Ambiente no
remitió a la Fiscalía y sí presentaron los ecologistas denunciantes, de la jefa
de Sección Administrativa del Medio Natural, fechado el 2 de diciembre de 2011,
un año después de la resolución del viceconsejero autorizando la traslocación
(diciembre de 2010), en la que dice que «no es autorizable» la traslocación por
cuanto que no se inserta en ninguno de los supuestos legales previstos para
especies en peligro de extinción y, además, no evitaría la destrucción del
hábitat.
La paradoja del experto
El biólogo Antonio Machado, director del Observatorio Ambiental
del Granadilla, creado por la Autoridad Portuaria para velar por el
cumplimiento de las obligaciones ambientales impuestas por la UE, es
probablemente el mayor experto en coleópteros de Canarias. Se dice que él fue
quien asesoró en el nuevo Catálogo de Especies Protegidas y quien rebajó la
protección a cientos de especies y, paradójicamente, elevó la del escarabajo
Pimellia canariensis para catalogarlo como en peligro de extinción.
